El gobierno en estas condiciones no concluye su mandato. La oposición lo sabe y el gobierno también. Por su parte, un amplio abanico de la opinión pública lo desea. Sé que decir esto es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo para conocer la profundidad de la crisis política por la que atraviesa la Argentina. Verbalizar esta realidad no me gusta, pero mucho menos me gusta mirar para otro lado, disimular lo indisimulable y por ese camino confundir a los lectores y a los oyentes. En política como en la vida lo más aconsejable es asumir lo peor cuando lo peor se transforma en inevitable. No es agradable pero es necesario. No hacerlo implica pagar en el futuro inmediato costos más altos.
¿Será para tanto? Sí es para tanto. El gobierno está maniatado, los poderes institucionales están en crisis, la oposición vacila pero todos saben que el acercamiento a los Kirchner -el más leve acercamiento- se parece al suicidio político. Por último, la opinión pública está crispada y las tensiones sociales son cada vez más fuertes. En ese contexto un gobierno, al decir de los italianos, “a cadutto”. En Italia, una crisis de este tipo no afecta demasiado al sistema porque el régimen parlamentario es lo suficientemente flexible para aminorar el impacto. En la Argentina, con su régimen presidencialista viciado, la pérdida de legitimidad de los gobernantes es la antesala de desestabilización institucional y política.La señora Cristina instaló en uno de sus habituales discursos de esta semana la palabra “destituyente”. Hace rato que sus epígonos viene usando esta palabreja. Supone que está en marcha una conspiración siniestra organizada por los tradicionales enemigos del pueblo para destituir al gobierno nacional y popular de los Kirchner. Mi opinión es que la campaña destituyente está en marcha, pero el principal vocero no es algún dirigente opositor sino el propio oficialismo.

No van a ser los medios de comunicación, ni los políticos opositores y, mucho menos los militares, quienes van a destituir a los Kirchner. Por el contrario, un sector importante de la oposición está muy interesado en que el gobierno concluya su mandato, en algunos casos por escrúpulos republicanos y en otros sencillamente porque nadie quiere hacerse cargo de un poder desflecado y en ruinas. La maniobra destituyente por lo tanto no está en el Congreso sino en la Casa Rosada; no la promocionan los tribunales sino los ocupantes de la mansión de Olivos, no hay que buscarla en los cuarteles, sino en el dormitorio de los Kirchner.

Puede que la pareja gobernante no sea totalmente conciente de lo que está haciendo. No estoy tan seguro que así sea, pero puedo llegar a concederle ese handicap. De todos modos, lo seguro es que todas las decisiones que toman apuntan en esa dirección, Tan evidentes o tan torpes son sus actos, que cada vez son más los que piensan que el gobierno desea que lo destituyan para victimizarse o chantajear al sistema político. Conociendo la visión histérica y paranoica del poder de los Kirchner no sería imposible una respuesta de este tipo. Después de todo, aún no ha sido desmentido el rumor que le atribuía a don Néstor haberle exigico a su mujer que renunciara cuando perdieron la batalla de la resolución 125 gracias al voto no positivo de Cobos.

Ocurre que la legitimidad del gobierno se erosiona todos los días. El año 2010 los Kirchner lo iniciaron con el paso cambiado y en menos de tres meses se han encargado de precipitar sucesivas crisis. Todas las iniciativas que han tomado fracasaron y todo parece indicar que las que tomen en el futuro inmediato van a correr la misma suerte. En política no se pueden cometer torpezas tan groseras sin pagar un precio por ello. Cuando un gobierno vulnera los poderes republicanos, confronta con los medios de comunicación, estafa a los opositores y desconoce las relaciones de poder existentes, ese gobierno está en problemas o tiene las horas contadas. Es así de sencillo y de drástico.

La Constitución argentina, y la constitución de cualquier país democrático, no es una suma retórica de artículos ingenuos, sino una trama de poder, de poder democrático se entiende, donde se prevén soluciones institucionales a las crisis. Figuras como el estado de sitio, la intervención a las provincias, por ejemplo, no son simpáticas por los antecedentes que existen en la Argentina, pero son necesarias y, sobre todo, legítimas.

La misma evaluación debe hacerse del juicio político. Mientras este remedio institucional se haga efectivo respetando los procedimientos establecidos por la ley, no hay ninguna objeción que hacerle. El juicio político no es un golpe de estado, es una respuesta institucional que la ley prevé para resolver ciertas crisis en los regímenes presidencialistas. Para ello es necesario una mayoría parlamentaria calificada y una opinión pública decidida a acompañar esta iniciativa. Ojalá en la Argentina se hubiera recurrido más al juicio político porque entonces hubiese sido muy probable que muchas crisis se habrían resuelto de manera pacífica y no a través de golpes de estado.

Por razones de conciencia, por escrúpulos institucionales, por miedo a las consecuencias o, sencillamente, porqe creen que no dispone de la mayorías y, por lo tanto, aún no es el momento, hoy nadie pide el juicio poltico a la presidente y está bien que así sea. Pero que nadie lo pida no quiere decir que no lo hayan pensado. En lo personal, estimo que desde una perspectiva intelectual o analítica al tema hay que pensarlo o empezar a tenerlo en cuenta. Es uno de los desenlaces posibles, y si la crisis se profundiza es el menos malo o, si se quiere, el más deseable

Hoy nadie pareciera que quiera recurrir a esta alternativa, y está bien que así sea porque es una carta que sólo se debe jugar cuando ya se han cerrado todas las demás puertas, pero la tendencia hacia la crisis parece ser irreversible. Veamos. El año recién se inicia y el clima político es irrespirable. Faltan un año y medio para que Cristina concluya su mandato y nadie es capaz de imaginar que hará esta señora para recorrer un camino escarpado y pantanoso, plagado de trampas tendidas en algunos casos por sus opositores, pero sobre todo tendidas por ella misma.

Los historiadores saben que el tiempo cronológico no siempre coincide con el tiempo político. En situaciones normales un año y medio pasa volando, pero en situaciones de crisis un año y medio puede llegar a confundirse con la eternidad y a ninguna sociedad, a ningún sistema político, se le puede exigir que se someta a ese calvario.